Estrategia de Seguridad Nacional

Estrategia de Seguridad Nacional 

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Documento aprobado en mayo de 2013, define el concepto de seguridad nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales.
También recoge el contribuir, junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La Estrategia de Seguridad Nacional está articulada en cinco capítulos que sitúa la seguridad de España en el mundo, e identifica los riesgos y amenazas actuales para que, en base a éstos, se tracen las líneas de acción prioritarias para España.
La estrategia considera doce amenazas: conflictos armados; terrorismo; ciberamenazas; crimen organizado; inestabilidad económica y financiera; vulnerabilidad energética, flujos migratorios irregulares; armas de destrucción masiva; espionaje; emergencias y catástrofes naturales, vulnerabilidad del espacio marítimo y de las infraestructuras críticas y servicios esenciales.
Para hacer frente a los nuevos desafíos surge el Consejo de Seguridad Nacional que se encarga de prevenir y gestionar riesgos y crisis que afecten a los intereses nacionales.
El Consejo actuará como órgano colegiado, bajo la presidencia del Gobierno, salvo cuando el Rey, asista a sus reuniones.
Participan en él distintos Ministerios, no sólo los afectados por la defensa nacional, como los de Interior, Defensa o Asuntos Exteriores, sino también otros como Fomento o Industria, por la importancia de las comunicaciones e infraestructuras en caso de alerta nacional.
Entre sus funciones, figuran impulsar y velar por el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobar un informe anual de seguridad y planificar y coordinar la política de seguridad.

Un juez ordena volver a calificar las oposiciones a bomberos del Ayuntamiento de Málaga

Sentencia que el tribunal calificó de "manera arbitraria" las pruebas del tercer ejercicio

la opinión 03.02.2016 | 12:10

Bomberos actuando en un simulacro en la estación de metro de Puerta Blanca. Arciniega

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­El titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Málaga ha hecho saltar por los aires las oposiciones realizadas por el Ayuntamiento de Málaga el pasado año para proveer 30 plazas de bomberos, al estimar el recurso interpuesto por uno de los opositores que fue apartado tras la realización del tercer ejercicio.
El fallo judicial conocido ayer señala que el tribunal opositor obró «con arbitrariedad» en la calificación de las pruebas del tercer ejercicio (teórico práctico). Por ello falla declarando «nulos y sin efectos» los acuerdos tomados en la calificación del tercer ejercicio y ordena al Ayuntamiento que «retrotraiga el proceso selectivo al momento de la calificación del tercer ejercicio», declarando que la valoración de las 11 preguntas de dicho ejercicio «lo sea de forma idéntica y proporcionada» y conforme a un cuadro de valoración que el mismo juez indica. Ordena además el fallo judicial «que proceda a la rectificación de la valoración otorgada» a una pregunta ofrecida.
El punto más polémico de la sentencia es el que ordena al Ayuntamiento que «continúe las distintas fases del proceso selectivo previstas en las bases de la convocatoria» y, caso del que el opositor las supere, «reconozca que el recurrente ha superado el proceso selectivo y se declare su derecho a ser nombrado en la plaza de bomberos, con todos los efectos legales derivados de esa condición y con efecto retroactivo al momento del nombramiento de los demás funcionarios que aprobaron».
Vía administrativa.  La cosa no acaba aquí y los problemas para el Ayuntamiento derivados de estas oposiciones pueden aumentar dado que se trata del fallo judicial correspondiente a uno de los nueve opositores que decidieron acudir a la vía judicial a reclamar sus derechos.
En las próximas semanas están fijados los juicios de los otros ocho opositores recurrentes, todos ellos, salvo uno, alegando la misma arbitrariedad: la parcialidad en la valoración de los ejercicios de la tercera prueba.
Todos ellos habían recurrido anteriormente a la vía administrativa con recursos de súplica y posteriormente de alzada que fueron desestimados por parte de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga.
Todos estos aspirantes a bombero denuncian que los criterios de evaluación para valorar el tercer ejercicio no fueron anunciados con anterioridad a la realización de la prueba por parte del tribunal, por lo que posteriormente esos criterios se establecieron de forma discrecional.
El juez estima que el tribunal de las oposiciones «no estaba autorizado en las bases para fijar los criterios de calificación después de celebrado el ejercicio», y añade que «dicho sistema de valoración genera una indefensión y perjuicio irreparable sobre los opositores que quedan a expensas del capricho del tribunal calificador», concluye.